publicado 27 Junio 2025
Un llamado de atención de la ONU al Gobierno de Chile
La Comunidad Judía de Chile lo ha señalado en reiteradas ocasiones: el presidente Gabriel Boric ha demostrado, desde su etapa como diputado, una actitud hostil hacia los judíos del país. Son ampliamente recordados episodios como el regalo de una miel devuelto con desdén, la negativa a conceder la nacionalidad por gracia al rabino Eduardo Waingortin y una desafortunada declaración en una entrevista organizada por la Comunidad cuando era candidato presidencial.Esta actitud no cambió con su llegada a La Moneda. Boric es el único mandatario que no ha recibido formalmente a las autoridades comunitarias, y ha sostenido una postura que va más allá de una legítima crítica al Estado de Israel, creando un ambiente propicio para que otros sectores reproduzcan cuestionamientos y hostilidades hacia los judíos de Chile.En efecto, cuando la máxima autoridad del país adopta una postura discriminatoria, se abre la puerta para que otros justifiquen discursos y acciones que atentan contra la fraternidad y cohesión social. A los hechos de vandalismo, que fueron denunciados ante las instancias correspondientes, se suman expresiones de odio en plataformas digitales. Un reciente informe del Congreso Judío Latinoamericano, que analizó más de 126 millones de publicaciones en X, Facebook, YouTube, Google y otros medios, confirmó que el antisemitismo digital está en alza. En X, por ejemplo, los mensajes antisemitas aumentaron un 19,64%, pero en Chile el incremento alcanzó un 23,89%.En este contexto, la advertencia emitida por la relatora especial de la ONU para la libertad de religión o de creencias, Nazila Ghanea, apunta directamente al presidente Boric, advirtiendo sobre el “posible aumento” de actos antisemitas en el país.En una carta fechada el 24 de marzo de 2025, la relatora expresó su “profunda preocupación” ante una serie de incidentes de vandalismo, hostigamiento y amenazas contra personas e instituciones de la comunidad judía en Chile desde octubre de 2023.Ghanea señala que estos hechos han generado “una atmósfera de miedo entre la comunidad judía” y advierte que los actos vandálicos han servido para “identificar a la comunidad judía con el Estado de Israel y su acción militar en Palestina”.Entre las acciones del presidente Boric respecto a Israel destacan: la postergación de la entrega de credenciales diplomáticas del embajador Gil Artzyeli, el retiro del embajador y agregados militares de Chile en Israel, con la consiguiente falta de atención a los más de 10.000 ciudadanos chilenos residentes en Israel y la innecesaria tensión con EE.UU., la exclusión de Israel de FIDAE, reiteradas condenas a Israel en sus redes sociales (la mayoría omitiendo los ataques terroristas de Hamás), y la insinuación sobre un eventual quiebre de relaciones diplomáticas, tema que tensionó su cuenta pública de 2025.La respuesta oficial del Gobierno de Chile a la carta de la relatora Ghanea —emitida recién en mayo por medio de su misión diplomática en Ginebra y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores— se limita a señalar que “aún se encuentra en proceso de recopilación de antecedentes”, sin establecer plazos, medidas urgentes ni emitir condenas públicas a los actos antisemitas.La relatora enfatiza que la ausencia de condenas públicas por parte de funcionarios representa un incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por Chile en 1972), que impone al Estado la obligación de proteger a los grupos vulnerables frente a toda forma de discriminación o violencia.Estamos ante un hito preocupante: por primera vez, el sistema internacional de derechos humanos advierte formalmente sobre una campaña antisemita sostenida en Chile. ¿No resulta paradójico que, mientras el Estado enarbola la bandera de los derechos humanos en el mundo, se descuide a una minoría en el propio territorio?La relatora Ghanea subraya que Chile tiene la responsabilidad legal de proteger a las minorías religiosas frente a patrones de violencia, investigar con diligencia los delitos de odio y combatir cualquier incitación a la discriminación por motivos religiosos.Por ello, es urgente una condena explícita del antisemitismo por parte de las más altas autoridades del país, porque cuando se permite, toda la democracia entra en peligro. El antisemitismo no es solo un problema de los judíos, es más bien un indicador del estado de la democracia. Cuando una comunidad se convierte en blanco de odio, ese mismo odio puede volverse contra cualquiera.Las autoridades deben comprender que los derechos humanos comienzan en casa. Ignorarlo no solo pone en riesgo a una minoría: pone en entredicho la democracia misma.