Por David Rozowski:

Una realidad sin ley

Continuamente observamos en las noticias, el impacto que tiene la delincuencia en nuestro país, indistintamente de los factores que se podrían adjudicar a su innegable presencia, poder hacer un cambio de enfoque debería permitirnos ver el problema desde otro punto de vista. Claramente estamos hablando de una delincuencia cada vez más violenta y que pareciera ser implacable, pero los números y las estadísticas parecieran decir otra cosa: la delincuencia en términos de cifras se ha mantenido básicamente en los mismos niveles desde hace una década, planteándonos un paradigma entre lo que realmente sucede versus lo que sentimos como ciudadanos, término más conocido como “sensación de temor”.

La labor de las policías, hoy cuestionadas por su aparente inefectividad y otras “circunstancias” no han logrado transmitir la sensación de seguridad necesarias para llegar a un consenso sobre el avance en estas materias, mucho menos, han podido plantear un escenario preventivo que nos permita pensar en un futuro más prometedor en el combate a la delincuencia.

Hoy tenemos, entonces, un nuevo desafío por delante, y es saber aprovechar los recursos invertidos en las seguridades ciudadanas municipales, un recurso activo, con elementos y tecnologías disponibles para el trabajo preventivo delictual, pero que actualmente no se encuentran amparados bajo ninguna normativa especial, limitando y malgastando recursos importantísimos en una labor que perfectamente podría ser conjunta con la de nuestras policías. Es verdad que muchas comunas del país no cuentan con estos recursos ni con una flota de vehículos y personal importantes en estas áreas, pero por algo debemos partir, al otorgar un ordenamiento jurídico a las seguridades ciudadanas, y hablo de derechos, deberes y facultades preventivas. Quizás estemos avanzando hacia un mejor y más eficiente modelo de prevención delictual, uno que permita al menos, bajar los índices que más preocupan a la ciudadanía, el factor de temor y la violencia. No debemos, por ende, menospreciar aquellas iniciativas de algunos alcaldes, que con más o menos fanfarria, anuncian diversas medidas preventivas como drones de vigilancia y alarmas comunitarias, entre otras, siempre que estén enfocadas a la optimización de sus recursos en pro de una mejor tarea preventiva situacional y geográfica.

Sin duda una legislación clara y transparente respecto a estos temas podrían significar un gran avance para lograr mejores resultados, por ahora una meta que se vislumbra lejana pero que con verdadera voluntad política podría convertirse en una realidad.

Por David Rozowski.
Director Fundación Ciudadano Seguro.