Fue anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet:

Ley contra incitación a la violencia comienza su maratón legislativa

El proyecto es un antiguo anhelo de diversas organizaciones sociales y representantes de minorías. Una vez que sea aprobado, servirá para complementar el ámbito de acción de la Ley Antidiscriminación (Ley Zamudio), la cual ha sido insuficiente para hacerse cargo de una realidad de odio creciente.

En cada Tefilá por Chile, en cada Janucá en la Moneda, en definitiva, en cada oportunidad que se presentaba, el liderazgo de la comunidad judía hacia ver a las autoridades chilenas la necesidad de aprobar una ley contra la incitación al odio, que permitirá complementar la acción de la ya aprobada ley antidiscriminación.

Pues bien, ahora que la presidenta Michelle Bachelet presentó el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia, los pedidos comunitarios se dirigirán a agilizar su tramitación parlamentaria, para que se convierta en realidad.

Contexto

En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente; de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez; y de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, firmó el proyecto de Ley que agrega un nuevo artículo al Código Penal, que castigará a quien públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo de personas, ya sea por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias.

“Estamos reivindicando los principios esenciales que sustentan la democracia de nuestra República: la diversidad, la tolerancia, el respeto y, sobre todo, una cultura de paz donde no puede haber lugar para la violencia ni el odio”, explicó la máxima autoridad nacional.

Igualmente, lamentó que “con dolorosa frecuencia nos enteramos de casos de agresiones, verbales, físicas o psicológicas, motivadas por el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, las creencias, la cultura o la nacionalidad de la víctima” y afirmó que “eso es una afrenta para nuestras sociedades, nos avergüenza como grupo humano y nos convoca a trabajar para evitar que se repitan o, peor, escalen. Y esto incluye no solo impedir actos de odio y violencia, sino también el lenguaje que conduce a ellos o los naturaliza”.

El proyecto de Ley establece una pena por este delito de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días y multa de treinta a cincuenta unidades tributarias mensuales, de $1.400.790 a $2.334.650, aproximadamente.

En caso de que el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a 3 años, y la multa será de 50 UTM.

Además, se modifica la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, para hacerlas responsables de este delito cuando sea cometido en interés de dichas personas jurídicas por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos, representantes o quienes tengan funciones de administración y supervisión.

Asimismo, se elimina la norma de la Ley de Prensa que solo castigaba con multa a quien hiciera publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad a través de cualquier medio de comunicación social.

Mensaje presidencial

“Estos son los estándares internacionales que se usan para garantizar que no se cometan abusos en este sentido, estándares que Chile también está adoptando y reconociendo en este proyecto. Estándares, además, que crecientemente debemos exigir a quienes cuentan con el privilegio de hacer sus opiniones en el espacio público”, detalló la Jefa de Estado.

Y destacó que “de esta manera, y a través de este proyecto, fortalecemos la capacidad de Chile de construir, a través del diálogo democrático y respetuoso, un clima de diversidad e integración entre sus habitantes”.

La Mandataria subrayó también que en la etapa preparatoria de este proyecto, se dialogó con distintos actores relacionados, como por ejemplo representantes de las Comunidades Judía y Palestina, del Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa, abogados penalistas y organizaciones de la sociedad civil, para acoger sus inquietudes y planteamientos.

“Hoy día Chile se une transversalmente en un propósito noble: fortalecer nuestro sentido de comunidad, consolidar el respeto y la tolerancia entre los habitantes de nuestra patria y cerrar las puertas al odio y la violencia. Para que nadie vuelva a ser atacado por otros por ser lo que es, vivir como quiera vivir o expresar respetuosamente sus convicciones. Para que entre nosotros siga siendo esa invaluable forma de encuentro entre seres humanos, esa forma de comprensión destinada a generar vínculos, comprensión entre semejantes y asegurar a cada uno de nosotros, una vida en paz”, concluyó la Presidenta Bachelet.

Durante su intervención, la mandataria hizo un reconocimiento a los parlamentarios que se han ocupado de este tema. “Así lo comprendieron en su momento la senadora Lily Pérez, el senador Guido Girardi y los ex senadores Cantero, Chadwick y Ruiz-Esquide, quienes presentaron en 2010 una moción para tipificar la incitación al odio. También los diputados Juan Luis Castro, Daniella Cicardini, Maya Fernández, Daniel Melo, Manuel Monsalve, Clemira Pacheco, Roberto Poblete, Luis Rocafull, Raúl Saldívar y Leonardo Soto, quienes presentaron hace unos meses una moción para incorporar el delito de incitación al odio”.

También destacó la coordinación con diferentes actores sociales: “Para preparar este proyecto, hemos conversado con distintos actores de nuestra sociedad, para escuchar sus inquietudes y planteamientos. Agradezco el aporte a la discusión que –por ejemplo, – la Asociación Nacional de la Prensa, las comunidades palestina y judía, los abogados penalistas, el Colegio de Periodistas y diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron en este proceso”.

Reacciones comunitarias

Para comprender mejor el alcance de la normativa, la Palabra Israelita conversó con el presidente de la Comunidad Judía de Chile, Shai Agosin, quien señaló que “para Chile y nuestra comunidad es un momento histórico que después de tantos años de trabajo se esté despachando el proyecto de Ley contra la incitación a la violencia, y eso nos llena de alegría”.

-¿El proyecto satisface las expectativas que tenía la CJCh?

-Por ahora lo que hemos visto de la Ley nos satisface. No es fácil legislar sobre este tema, porque algunos pueden creer equivocadamente que es una ley que atenta contra la libertad de expresión, y no es así. Las experiencias en el mundo y la legislación comparada lo han demostrado.

-¿Hay algo que no fue considerado y que te hubiese gustado que el proyecto contemplara?

-Tal vez me habría gustado que se tipificara el antisemitismo claramente, pero se optó finalmente por incluirlo en un marco más general.

-¿El cambio de rótulo entre incitación al odio e incitación a la violencia tiene alguna implicancia negativa?

-En lo más mínimo, creemos es un detalle dentro de la Ley.

-¿Los actos de antisemitismo quedan debidamente tipificados?

-Están contenidos en la ley, como incitación contra cualquier religión o creencia.

-¿Qué expectativas tienes respecto de los plazos de tramitación?

-Eso nos tiene francamente preocupados, debemos trabajar muy mancomunadamente con el Congreso para que esta ley vea la luz lo antes posible, pero veo difícil que sea en este período legislativo.

-¿Cómo podría impactar en la tramitación un eventual cambio de color político del Gobierno?

-Hemos conversado profundamente del tema con todos los candidatos y transversalmente hemos recibido el apoyo para esta ley. Esta es una ley para todos los chilenos y en eso no hay dos opiniones.

-¿La CJCh hará algún tipo de trabajo a nivel parlamentario para promover el avance del proyecto o la introducción de eventuales indicaciones?

-Ya comenzamos a trabajar con el Senado y la Cámara de Diputados para tratar de agilizar el proceso legislativo, que será largo, pero queremos creer que en un plazo razonable el proyecto debería convertirse en Ley de la República.

Por su parte, el diputado Gabriel Silber destacó que “este proyecto salda una deuda histórica de nuestro país para tener una sociedad que acepte la diversidad y haga de la tolerancia y respeto a las minorías un bien jurídico que todos debemos cautelar”.

El parlamentario agregó que grandes democracias hace años han legislado respecto a la incitación al odio y hoy nuestro país se pone al día en esta materia. “Nuestra actual legislación amparaba la impunidad de actos o intervenciones que con extrema facilidad dan pie a agresiones u otras manifestaciones de violencia hacia minorías o determinados grupos de personas que con este proyecto se intentan evitar”.

Por LPI.