Marcos legales contra la incitación al odio:

El combate contra la discriminación que se librará en tribunales latinoamericanos

La Palabra Israelita conversó con dirigentes de varios países de la región para conocer los marcos legales contra la discriminación y la incitación al odio en sus respectivos sistemas judiciales, como asimismo las estrategias desplegadas para enfrentar estas situaciones.

Como todos los años, desde hace 15, campus y universidades alrededor del mundo fueron escenario del “Israeli Apartheid Week”, un evento convocado por organizaciones de estudiantes activistas pro palestinos, que difama al Estado de Israel calificándolo de régimen de Apartheid -al estilo de Sudáfrica entre los años 1948 a 1992- y que pretende generar adhesión a la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel.

En Chile, como en años anteriores, se desarrolló durante la primera semana de abril un programa de actividades organizado por la Unión General de Estudiantes Palestinos, UGEP, y que transcurrió en las universidades de Chile, Católica, Alberto Hurtado y Diego Portales, principalmente, y que contempló foros, intervenciones y exhibición de documentales, actividades que en los próximos días -además- serán replicadas en regiones.

Si bien el Apartheid Week es un evento que ya es costumbre en el calendario de actividades del BDS en Chile y el mundo, su realización vuelve a traer a la palestra la pregunta sobre cuáles son las herramientas a las que pueden recurrir las comunidades judías en el mundo para contrarrestar o contener la propaganda anti israelí y la incitación al odio contra una nación, en este caso Israel, en especial cuando las imágenes que dejó este evento y que circularon profusamente en redes sociales hacen evidente que el centro de la discusión en esta actividad no está en la búsqueda de la solución pacífica al conflicto palestino-israelí, sino la imposición de una narrativa sesgada que establece un solo responsable en los hechos y que tiene por objetivo hacer que el concierto de las naciones aísle a este “culpable”, bloqueando todo intercambio comercial, cultural, académico y político con él.

Y esta fue una de las preguntas que abordaron, a mediados del mes de marzo, los participantes en el Primer Foro Internacional Jurídico contra la Discriminación, realizado en el Círculo Israelita de Santiago y organizado por la Comunidad Judía de Chile, el programa de Diplomacia Pública Hatzad Hashení y B’nai B’rith. En el encuentro, abogados, activistas y dirigentes comunitarios de más de 11 países de Latinoamérica se reunieron para abordar temáticas sobre antisemitismo, BDS, antisionismo y otros, desde la perspectiva jurídica, y compartir las experiencias de sus respectivas comunidades en estas materias.

A partir de esa instancia, La Palabra Israelita conversó con algunos de los participantes para conocer cuáles son los marcos legales contra la discriminación y la incitación al odio en sus respectivos países, y cómo en cada una de sus comunidades enfrentan situaciones como la que el Apartheid Week impone en Chile.

Medios de comunicación y no discriminación

Para Sammy Eppel, venezolano radicado en Estados Unidos y activista de B’nai B’rith, la herramienta más efectiva para el combate contra el antisemitismo y la incitación al odio a través de la campaña de difamación a Israel es que los estados adopten una definición de antisemitismo que incluya el BDS como una expresión de éste. “Con una definición -señala- entonces el antisemitismo deja de ser un simple crimen de odio y se convierte en un crimen antisemita. Si, por, en Chile o Venezuela alguien insulta a un judío o lo agrede, eso es calificado por las autoridades locales como un crimen de odio porque no tienen cómo definir lo que es un crimen antisemita”.

Para ilustrar el punto, Sammy agrega que en la definición de antisemitismo que adoptó el Departamento de Estado de Estados Unidos se incluye una mención al boicot, entonces su ejercicio contra instituciones judías o Israel podría ser considerado como una expresión de antisemitismo. Falta que los gobiernos estatales adopten esa misma definición, sostiene.

Y por otra parte, para Eppel aunque no haya una adopción unánime de una definición de antisemitismo, y aun cuando “Hate speach is not free speach”, hay una discusión vigente sobre la línea que divide la libertad de expresión de los discursos de odio, que ha sido sorteada por algunas plataformas de Internet y medios de comunicación al adoptar medidas “que algunas personas pensarán que puede ser censura, pero no necesariamente” y que margina la incitación al odio de sus espacios de difusión.

Por su parte, el abogado Alberto Levy, representante de la Comisión Antidifamatoria de Panamá – organización de la comunidad judía local que se encarga de los temas relacionados a discriminación- comenta que si bien en su país no existe una Ley Antidiscriminación ni se ha adoptado, por parte del gobierno nacional, una definición de antisemitismo, “en la Constitución Política, como marco legal que regula todo, hay un artículo que plantea que no habrán fueros ni privilegios por razón de religión, raza, color, creencia, género, etc., que es el principio de derecho fundamental del cual surgen varias leyes”. Y agrega que, si bien en el país existe una Ley Antidiscriminación, ésta apunta a la igualdad de género en el trabajo y en las escuelas, y a evitar el bullying, pero no se refiere a discriminación por religión o nacionalidad.

Para la comunidad de Panamá, como comenta Alberto, lo más efectivo -en este marco legal- ha sido llevar los casos puntuales de discriminación o antisemitismo flagrante a los medios de comunicación. “Nosotros nos damos cuenta de que muchas veces logramos el propio objetivo con una condena pública o con un comunicado de prensa. Por ejemplo, hace unos meses Secretario General de la Asamblea Nacional -evidentemente un funcionario de alta jerarquía- respondió a la pregunta sobre si consideraba sano la combinación de política y deporte, que el día que los políticos salieran del deporte éste iba a morir, porque en Panamá la empresa privada “es tacaña como los judíos”. Es un comentario súper antisemita, que creo fue más que nada de ignorante. Nosotros hicimos una condena enérgica a la hora de que salió publicado y eso desencadeno una reacción en que la Asamblea Nacional, que salió exigiendo disculpas y el tipo eventualmente tuvo que hacer un comunicado disculpándose”, señala.

Y agrega: “Más allá de las leyes que menciono, el Código Penal establece algunos artículos que sí hemos considerado usar, uno de ellos es el de Apología al Delito. Y hay un capítulo que habla del terrorismo y el financiamiento del terrorismo, y en esos casos tiene que probarse de que hay un acto de reclutamiento de terrorismo o financiamiento de actividad terrorista. Y en el caso de BDS, en Panamá no está latente, la única vez que lo hemos visto fue cuando Israel fue el país invitado a la Feria del Libro, en que hubo un llamado a boicotear el evento. Entonces no damos mucha respuesta a lo que hacen porque sería simplemente darle más pólvora a una llamar que aún no ha prendido”.

Herramientas legales

En Argentina -así como en Chile- el panorama es diametralmente opuesto al descrito por Alberto Levy para Panamá, no obstante, cuentan con herramientas legales más sólidas que en nuestro país. Gabriel Camiser es el Director del Departamento Jurídico de la DAIA y nos comenta que el marco legal más importante “es una ley nacional, la Ley 23.592, que sanciona los actos discriminatorios y que abarca la discriminación en todas las áreas del derecho. Por un lado, tipifica el delito de incitación al odio y también el delito, de alguna manera, de generar un grupo que aliente a teorías de superioridad racial, que tenga ese tipo de pensamiento”.

Gabriel explica que “lo que dice la norma es que, si hay un acto discriminatorio, ya sea por religión o por ideas políticas, por sexo o por lo que fuere, uno puede invocar esa ley a fin de cesar el acto discriminatorio e incluso se puede demandar por daños y perjuicios si el caso amerita. Y además de tipificar el delito, también hay otro artículo genérico que agrava todos los demás delitos, por ejemplo, el delito de amenazas agravadas por discriminación, el delito de daños agravado por discriminación, etc.”.
Para DAIA es una ley de uso diario, y en el caso de la campaña de BDS entienden que podría ser aplicable. “El boicot a Israel de alguna manera es discriminación a una nacionalidad, pero obviamente -como toda ley -va a tener sus diversos intérpretes, que en definitiva son los jueces”, señala Camiser.

En Colombia, en tanto, dada la composición heterogénea de la sociedad, con zonas con amplia población de afrodescendiente e indígena, cuenta desde hace algunos años con legislación para prevenir la discriminación. Pero, como comenta Jaime Rosental, ex Presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia (CCJC), al momento de la discusión de esa ley “tuvimos un episodio grave con la aparición de un grupo neonazi y la comunidad, con preocupación, aportó a la discusión de ese proyecto de ley de manera de ampliar la cobertura de los casos de discriminación, que no solamente fueran por motivos raciales, sino por todos los otros motivos”, como el antisemitismo.

“Finalmente logramos que, en el año 2011, se aprobara la Ley Antidiscriminación, que tiene básicamente tres componentes desde el punto de vista legal: se creó el delito de discriminación, que no existía formalmente; se creó un delito que se llama hostigamiento, es decir, el hostigamiento contra una persona o contra un grupo de personas motivado por su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas, que es lo que en otras legislaciones se ha creado como incitación al odio, y el tercer elemento en esa ley, que es muy importante y que fue un logro de la comunidad, se estableció el delito de apología al genocidio”, explica Rosental.

Y si bien hasta ahora no han tenido necesidad de recurrir a la Ley Antidiscriminación, en el caso de la campaña de boicot contra Israel, que no está mayormente activa en Colombia, Jaime considera que “Israel es un país en el mundo de las naciones, que debe de manejarse en igualdad de condiciones con otros. Cuando tú tienes un discurso contra un país y ese discurso se torna agresivo, violento o discriminatorio, concurres en el delito de hostigamiento o discriminación por temas nacionales. Ese es el problema del BDS, el BDS está promoviendo acciones contra un grupo nacional específico, y eso es discriminatorio y puede ser una forma de hostigamiento hacia un grupo de personas por razones de su nacionalidad”.

Finalmente, en Brasil también existe una legislación que claramente define los crímenes de discriminación, la Ley 7.716. “Esta ley tiene otras disposiciones, pero el Artículo 20 es el que más usamos, ya que serán punibles los actos de practicar, inducir o incitar a la discriminación por raza, color, etnia, religión o procedencia nacional. Y luego tiene un artículo específico que es interesante y que prohíbe fabricar, comercializar, distribuir o circular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos o propaganda que utilicen la cruz esvástica o gamada, para fines de divulgación del nazismo”, como explica Andrea Vainer, abogada de la Confederação Israelita do Brasil.

Andrea también señala que la comunidad judía local ha tenido que recurrir a esta normativa, en casos como -por ejemplo- la comercialización de textos de difusión nazi como los escritos por Adolfo Hitler. “Nosotros intentamos conversar con varias autoridades y les pedimos que prohibieran la circulación de estos textos, pero era una situación complicada porque se enfrentaba la incitación al odio con el acceso a la información y la libertad de expresión. Era una discusión constitucional complicada. Pero hubo un juez en Río de Janeiro que mandó a retirar todos los libros que estaban circulando en Río amparado en la prohibición de circular símbolos de propaganda nazi”.

Todos nuestros entrevistados, salvo en el caso de la comunidad judía argentina, han coincidido en señalar que en ninguno de sus países la campaña de BDS está tan activa como lo está en Chile, ni han enfrentado situaciones como la vivida en el año 2018 con la Municipalidad de Valdivia, que por decisión del Concejo Municipal se declaró “Libre de Apartheid israelí”, decisión que fue declarada ilegal luego del requerimiento presentado a la Contraloría General de la República. No obstante, para Ely Rothfeld, abogada chilena y participante del Primer Foro Jurídico Internacional, salvo la Constitución Política de la República de Chile, “que es una declaración de principios, no hay una legislación contra la incitación al odio. Y el proyecto en contra de la incitación a la violencia pone bien difícil de concretar porque vas a tener que probar que la arenga o las palabras de una persona provocaron a otra un daño por la acción física de un tercero. Entonces, va a ser súper difícil vincular una cosa con otra”.

 

 

Por Michelle Hafemann